Jesús Ruiz, uno de los vecinos afectados, brindó detalles de la situación: “Descubrimos problemas graves en las casas. En uno de los casos, al intentar reparar un techo que se llovía, hallaron que había un espesor de 10 a 15 centímetros de grava en lugar de cemento y una cubierta de tergopol soportando toneladas de peso. Este tipo de fallas estructurales representan un peligro potencial para las familias”. El barrio, compuesto por 630 viviendas, presenta grietas en los pisos y paredes, y los vecinos denuncian la falta de supervisión durante la construcción: “En momentos clave de las obras no hubo inspectores, ni del IPV ni de la municipalidad. Esto es un problema que afecta a todo Comodoro”, destacó Ruiz. Además, los reclamos por el sistema de pago ajustado por UVIs —instaurado en 2018— han generado tensión con el IPV. “Las cuotas están atadas al índice de precios minoristas y al dólar, en un contexto de inflación descontrolada. Nos imponen cuotas impagables, y los incrementos no consideran los aumentos salariales”, criticó el vecino. Ruiz también denunció irregularidades en la composición de las cuotas: “Nos cobran infraestructura y terrenos que ya pagamos y tenemos con libre deuda. Esto no es justo, especialmente para familias que, en algunos casos, tienen que vender sus electrodomésticos básicos para cumplir con los pagos”. En el juicio, los vecinos buscan que el IPV asuma la responsabilidad por las fallas estructurales y reconsideren el método de cálculo de las cuotas, reemplazándolo por un sistema atado al salario. “Estamos luchando no solo por nuestra calidad de vida, sino también por la justicia social que el IPV debería representar”, concluyó Ruiz.